Legislación española
En España, La Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo ha sido traspuesta a la legislación a través del REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos que tiene como objetivos: “reducir la cantidad de estos residuos y la peligrosidad de los componentes, fomentar la reutilización de los aparatos y la valorización de sus residuos y determinar una gestión adecuada tratando de mejorar la eficacia de la protección ambiental. Para lograr dichos objetivos establece una serie de normas aplicables a la fabricación del producto y otras relativas a su correcta gestión ambiental cuando devenga residuo. Asimismo, se pretende mejorar el comportamiento ambiental de todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos o electrónicos, por ejemplo, los productores, distribuidores, usuarios, y, en particular, el de aquellos agentes directamente implicados en la gestión de los residuos derivados de estos aparatos.”
El entorno medioambiental español en relación con el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, posee una serie de características específicas, ya que las competencias medioambientales están transferidas a las comunidades autónomas, lo que sitúa un escenario con 19 interlocutores (uno por cada comunidad, junto con Ceuta y Melilla); diferencia de otros países, en los que esta competencia corresponde a la Administración central.
